Luis de Llano fue arrestado temporalmente este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que una juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenara su detención como medida de apremio ante el incumplimiento de resoluciones judiciales en el caso de Sasha Sokol.
El productor deberá permanecer bajo arresto durante 15 horas por cada una de las dos órdenes emitidas en su contra, por lo que ambas medidas son acumulables.
Las determinaciones derivan de obligaciones establecidas en una sentencia definitiva que previamente fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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De acuerdo con la información proporcionada, uno de los incumplimientos está relacionado con la negativa de De Llano a realizar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.
El segundo corresponde a su negativa para publicar la síntesis de la resolución judicial en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.
El caso se originó a partir de la denuncia presentada por Sokol, quien sostuvo que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. La resolución de la Suprema Corte determinó la responsabilidad civil de De Llano por daño moral derivado de estos hechos.
Las órdenes de arresto fueron emitidas después de varios meses en los que, según la información difundida, el productor habría desatendido distintos requerimientos de la autoridad judicial y medidas económicas impuestas previamente para conseguir el cumplimiento de la sentencia.
Las llamadas medidas de apremio están contempladas en la legislación para obligar a las personas involucradas en un proceso a acatar las determinaciones de los tribunales.
Entre ellas se encuentran las multas y el arresto administrativo, que puede alcanzar hasta 36 horas conforme al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
Finalmente, la información advierte que si De Llano mantiene su negativa a cumplir con la sentencia y continúa desatendiendo las órdenes judiciales, su conducta podría derivar en consecuencias penales, incluido un delito que contempla una pena de hasta cinco años de prisión.