Aunque el artículo transitorio que la hace retroactiva es un punto de controversia, la oposición señala que hay mucho más que corregir. Constitucionalistas advierten que la reforma vulnera derechos fundamentales, como la imposibilidad de reabrir un negocio durante meses en caso de litigio. El PRI también ha expresado su preocupación, indicando que la iniciativa morenista podría ser utilizada como arma de persecución fiscal, afectando a 200,000 mexicanos con litigios con Hacienda. Expertos coinciden en que es una ley regresiva que, en lugar de proteger a la ciudadanía, parece proteger al poder.
Con información de: Ricardo Torres
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