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Jueza ve pruebas abundantes contra general Mérida; podría enfrentar cadena perpetua en EU

Mientras el gobierno mexicano afirma que no existen pruebas de narcotráfico contra sus funcionarios, Estados Unidos reporta la existencia de abundante evidencia.

En la audiencia general del general Mérida, la jueza Catherine Polk señaló que las pruebas del Departamento de Justicia son abundantes.

El general fue trasladado con cadenas y, aunque le retiraron las esposas y la cadena de la cintura, sí permaneció con grilletes en los pies como medida de seguridad pese a haberse entregado voluntariamente.

Mérida Sánchez llegó esposado y encadenado de pies y manos vistiendo el uniforme de la prisión de color Caqui y camisa gris debajo; se le vio con un bigote canoso y escuchando atento a su traductor.

En esta audiencia, la jueza indicó que la cantidad de pruebas es tan grande que concedió 60 días adicionales para su revisión, la próxima audiencia del general Mérida será el 4 de agosto cuando conocerá a detalle las evidencias en su contra.

Según la acusación, habría recibido sobornos mensuales de $100,000 por parte de los chapitos a cambio de filtrar información sobre operativos y facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades sostienen que formaba parte de una alianza con Rocha e Insunza para favorecer intereses electorales.

El gobernador Rocha Moya le tomó protesta a Gerardo Mérida Sánchez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad con la presencia del secretario general de gobierno Enrique Insunza Cáceres, el gobernador Rocha exhortó a los nuevos funcionarios a trabajar apegados a la ley.

Tras la solicitud de captura y extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que el general decidió entregarse en Nogales, Arizona.

Se reporta que salió de México con documentación relevante, con experiencia en inteligencia y cargos en estados como Puebla, Michoacán y Tamaulipas, se presume que podría buscar un acuerdo para reducir su condena y proteger sus bienes.

Las acusaciones contemplan hasta 40 años de prisión o cadena perpetua.

La combinación de las pruebas del departamento de justicia y la información del propio general podría ampliar las investigaciones más allá de Sinaloa, abarcando presuntas redes de corrupción.

Con información: Priscila Trejo

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