La decisión del Congreso de Michoacán, según expertos, limita el derecho electoral individual y ataca las garantías políticas de los mexicanos, contraviniendo la Constitución. Se detecta un ataque directo contra las candidaturas independientes y movimientos organizados, como el del sombrero, impidiendo su vinculación. Esto podría violar el derecho de asociación pacífica y tendrá graves repercusiones en el proceso electoral de 2027.