Tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República sostuvo que el Tratado de Extradición con Estados Unidos impone confidencialidad sobre los procesos; sin embargo, un análisis del documento realizado por una auditoría jurídica pone en duda ese argumento.
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¿El tratado obliga a mantener en secreto las extradiciones?
De acuerdo con la auditoría jurídica del acuerdo bilateral, en ninguno de sus artículos se establece de forma explícita una obligación de reserva o confidencialidad sobre la información relacionada con solicitudes de extradición.
El documento describe requisitos, procedimientos y cooperación jurídica entre ambos países, pero no contempla restricciones sobre la difusión pública de estos casos.
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¿Qué implica el argumento de la FGR?
La Fiscalía señaló que divulgar información podría contravenir solicitudes del gobierno estadounidense. No obstante, especialistas apuntan que el tratado prioriza la eficacia judicial y no establece un límite directo a la transparencia.
El debate surge en medio de investigaciones que involucran a funcionarios de Sinaloa, donde la difusión de datos ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la información oficial.
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