En las dictaduras tradicionales, la cibercensura es burda. El régimen simplemente desconecta el internet para apagar las protestas. Pero en México, la censura se modernizó. Conozca al arquitecto de la plaza pública más tóxica del país, Jesús Ramírez Cuevas.
Durante 6 años como vocero presidencial descubrió que era más rentable usar el presupuesto público para financiar ejércitos de bots y una red de falsos youtubers independientes. ¿Su misión? No informar, sino linchar, acosar en redes a cualquier ciudadano o periodista crítico hasta asfixiarlo y obligarlo a la autocensura.
Bajo su dirección, la censura se disfrazó de derecho de réplica. Él fue el productor ejecutivo de esa inquisición semanal llamada ¿Quiénes quieren las mentiras? Un paredón institucional donde con dinero del Estado se estigmatizaba y se le ponía una diana en la espalda a los reporteros que se negaban a aplaudirle al régimen. Con ese dato que no es falso, pero se exagera.
Con él al mando de la comunicación ocurrió la mayor vulneración de seguridad contra la prensa. La filtración de los datos personales, direcciones y pasaportes de más de 300 periodistas que cubrían la presidencia. Un hackeo curiosamente conveniente. Las computadoras de la mañanera y ya se llevaron.
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