Aunque el expresidente Donald Trump optó por no revelar públicamente los nombres de los políticos mexicanos presuntamente vinculados con los cárteles de la droga, trascendió que el gobierno de México sí tiene conocimiento de quiénes se trata. Las acusaciones formales provienen de la fiscalía del distrito sur de Nueva York —conocida por el gobierno mexicano como “la oficinita”—, la cual el pasado 29 de abril señaló directamente a diversos funcionarios y excolaboradores del estado de Sinaloa.
La lista de personas señaladas por la fiscalía estadounidense incluye a figuras de alto perfil político en Sinaloa. Entre ellos se encuentra el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
También figura Enrique Díaz Vega, a quien se le identifica como el encargado de manejar los recursos financieros de Rocha, presunto operador financiero de su familia y el enlace directo con Andy y Bobby López Beltrán.