La oposición dio su postura sobre las acusaciones hechas hacia Rochambolla y funcionarios señalados en Estados Unidos.
Por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es acusado por el gobierno de Estados Unidos; en la lista que dio a conocer el fiscal de distrito del sur de Nueva York, aparecen funcionarios tanto activos como inactivos; en total son nueve.
La acusación señala que Rocha Moya y el resto de funcionarios habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina; además, se le señala por recibir sobornos millonarios, filtrar información confidencial de operativos de seguridad, proteger cargamentos ilícitos, obstruir la justicia y brindar apoyo logístico a la organización criminal.
La acusación incluye la presunta participación en delitos de alto impacto como secuestro y homicidio, así como permitir que el grupo delictivo opere con total impunidad en el estado.
Desde la oposición, exigen que el mandatario estatal y los servidores públicos se retiren de sus cargos para que se les investigue conforme a la ley; afirman que se ve a kilómetros que son parte del problema relacionado con el crimen organizado.
En la acusación también aparece el exsecretario general de gobierno y actual senador de la República Enrique Insunza Cázares, el secretario de administración y finanzas Enrique Díaz Vega, el viceministro general Dámaso Castro Saavedra, el jefe de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Ávila, además de Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsecretario de seguridad pública en Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Se deben investigar hasta las últimas consecuencias y que se sancione conforme la ley a quienes tengan vínculos con la delincuencia.
Con información: José Miguel Sousa
