A siete días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a políticos vinculados a Morena por presuntos nexos con el narcotráfico, el tema ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en un foco de tensión entre ambos países.
El caso, que inicialmente generó reacciones cautelosas, ahora se discute en Washington con mayor intensidad, donde incluso se menciona la posibilidad de nuevas acciones judiciales, incluyendo solicitudes de extradición.
En medio de este contexto, el discurso político en México ha tomado otro rumbo. Mientras en Estados Unidos se endurece el tono, figuras del oficialismo han optado por minimizar la gravedad de los señalamientos o cuestionar sus motivaciones.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, restó importancia a las acusaciones, mientras que el senador Enrique Inzunza las calificó como posibles represalias. Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, llamó al expresidente Donald Trump a “bajarle dos rayitas”, en referencia a la escalada del discurso.
El trasfondo del conflicto no es menor. En el debate público estadounidense se ha vinculado este caso con la crisis de seguridad que ha dejado más de medio millón de muertes relacionadas con el narcotráfico en ambos países, lo que ha elevado la presión política.
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