Vendía casas en supuestos remates y terminó con una condena histórica de más de mil años de prisión

Un abogado fue sentenciado a una condena acumulada de mil 18 años y cuatro meses de prisión tras ser encontrado responsable de un fraude inmobiliario que afectó a 107 familias en el municipio de León, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el responsable, identificado como Edgar Francisco "N", quien encabezaba el despacho Punto Legal, engañó a decenas de personas mediante la supuesta venta de viviendas en remate o mediante cesión de derechos, provocando pérdidas millonarias a sus víctimas.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez ordenó la reparación integral del daño, que supera los 33 millones de pesos, destinados a resarcir los perjuicios ocasionados.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado ofrecía inmuebles ubicados en distintos puntos de León mediante anuncios publicados en redes sociales.

Las propiedades eran promocionadas como oportunidades únicas al tratarse, supuestamente, de remates bancarios o de adquisiciones por cesión de derechos litigiosos, con precios considerablemente inferiores a los del mercado inmobiliario.

Una vez que los interesados mostraban interés, eran contactados por personal del despacho jurídico para avanzar con la supuesta compra, solicitándoles el pago del inmueble, generalmente de contado.

Sin embargo, las autoridades determinaron que el abogado no tenía facultades legales para comercializar dichas propiedades, por lo que las operaciones resultaban fraudulentas.

Según la Fiscalía, el esquema consistía en atraer compradores mediante ofertas difíciles de rechazar.

Las viviendas eran anunciadas con fotografías, dirección y colonia, además de precios cercanos a 250 mil pesos, muy por debajo de su valor comercial, lo que generaba confianza entre los posibles compradores.

Tras recibir el dinero, las víctimas descubrieron que las operaciones carecían de sustento legal y que nunca podrían obtener la propiedad prometida, motivo por el que decenas de afectados presentaron denuncias ante las autoridades.

Como parte de la sentencia, el juez ordenó el pago de más de 33 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

El monto se integra de la siguiente manera:

• 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material.
• 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral.
• 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados.

Las autoridades señalaron que esta resolución busca garantizar la restitución económica a las personas afectadas por el fraude.

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